El pronunciamiento del Teniente General Mena - por Francesc Sánchez
"Desde que el Teniente General Mena dijo unas cuantas cosas durante la celebración de la Pascua Militar en Sevilla, se están vertiendo muchas líneas y voces en los medios de comunicación que pueden llegar a causar cierta alarma social desproporcionada."
Interferencias militares
El pronunciamiento del Teniente General Mena
por Francesc Sánchez
Desde que el Teniente General Mena dijo unas cuantas cosas durante la celebración de la Pascua Militar en Sevilla, se están vertiendo muchas líneas y voces en los medios de comunicación que pueden llegar a causar cierta alarma social desproporcionada.
Lo diré de forma directa y rápidamente: Mientras no vea los tanques Leopard lanzando obuses contra el palau de la Generalitat no me creeré que estemos frente a un golpe de estado. Asimismo, las Fuerzas Armadas tienen que saber de forma precisa e imparcial que en Cataluña y el resto de territorios españoles, no se está viviendo ningún tipo de desorden social más allá de las dinámicas que son propiciadas por el vigente sistema económico, y los desequilibrios que todo ser humano puede tener en un momento dado. Tampoco ha habido ningún levantamiento y con toda seguridad puedo decir que los acuartelamientos del ejército no están sitiados ni amenazados.
Bien distinto es que el pseudo pronunciamiento del Teniente General Mena pueda dejar entrever algunos asuntos a resolver, que atañen al ejército que merecen nuestra máxima atención y reflexión. Asimismo, considero de vital importancia analizar en qué medida el trato de algunas cuestiones de estado por la clase política en general, y algunos medios de comunicación en particular, ha servido para propiciar el pronunciamiento de Mena.
Las palabras del Teniente General Mena sacadas de contexto, ciertamente pueden parecer ―según el criterio particular de cada cual―, amenazadoras o anodinas. Pero es en la lectura de todo su discurso en donde aparecen una serie de cuestiones preocupantes, que presumo son compartidas por un número importante de mandos y tropa.
Partamos de la premisa que nos dice ―según las Reales Ordenanzas del Ejército y la LORDFA― que "un militar en servicio tiene prohibido emitir juicios políticos en público", y dejémosla como telón de fondo para tratar de entender por qué el Teniente General Mena ha cometido la infracción.
Sus preocupaciones en torno a una de las lenguas españolas ―en el caso que nos concierne, la catalana― no son diferentes a las que pueden expresar otros tipos de funcionarios ajenos por un todo a las Fuerzas Armadas. El catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por mucho que el presidente del Tribunal Supremo lo compare con un rico baile folclórico, está reconocido como lengua oficial y el deber entre los funcionarios públicos es conocerlo. Y a partir de aquí cualquier ciudadano puede opinar sobre la conveniencia o no de la vigente ley de Normalización Lingüística, que vela por el conocimiento y el uso de mencionada lengua española en la Comunidad Autónoma de Cataluña (*1). Pero lo que no puede pretender un funcionario público, en este caso ―para mayor gravedad― el Teniente General Mena, es negarse al acatamiento de una ley aprobada por un parlamento autonómico, y amparada por lo tanto por el Estado Español.
En cuanto al complicado entramado de la legislación a aplicar a las instalaciones militares en las comunidades autónomas, convengo con él; en que es necesario un marco jurídico nacional que tenga la misma aplicación en todos los territorios españoles. Lo que no implica, que dentro de este marco jurídico de ámbito nacional y en las operaciones que el ejército deba realizar en cualquier territorio español, queden exentas las instituciones políticas de ámbito local y autonómico. Pues de no cumplirse este conocimiento mutuo y colaboración entre las diferentes instituciones, el ejercito español podría quedar en la misma posición que de facto se da en un país extranjero, donde la intervención militar o la conquista son cuestiones ajenas por un todo, a las instituciones y a los habitantes de los territorios que pisa el ejército.
Estas cuestiones, de mediana importancia para las Fuerzas Armadas, el Teniente General Mena tenía que haberlas comunicado a sus superiores y al propio Ministerio de Defensa. Pero lo más grave del discurso de Mena es la implicación política que conlleva el recordar las negociaciones en torno al Estatuto Catalán durante el periodo republicano previo al inicio de la última gran contienda civil, para acto seguido compararlo con el actual proceso de elaboración de un nuevo Estatuto para Cataluña. Comparación en la que el propio presidente del gobierno ―el comandante en jefe real de las Fuerzas Armadas (*2)― toma el aspecto de Azaña, primero ferviente defensor del Estatuto y luego ―en interpretación de Mena― hombre de Estado mucho más moderado. Comparaciones que, si bien pueden ser o no certeras, en ningún momento debe realizarlas públicamente un soldado con importantes responsabilidades.
La amenaza que para algunos está implícita en el recordatorio que hace Mena del artículo 8 de la Constitución Española, cobra valor en tanto que las palabras anteriores de Mena en su discurso señalan claramente su preocupación por el nuevo Estatuto para Cataluña; y el propio presidente del gobierno. Argumentación que da entender que el ejército puede ser intérprete de la Constitución y actuar de forma autónoma si considera en peligro la unidad de España. Craso error, si mantenemos que la Constitución en el propio artículo 8, precisa que la organización del ejercito y su funcionamiento estarán reguladas por las correspondientes leyes orgánicas. Incluyéndose en la Carta Magna un no menos importante artículo, el 97 que dice así:
Artículo 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Quedando con este artículo subordinadas las Fuerzas Armadas al gobierno; y a las leyes orgánicas que ―como la LORDFA― precisan la declaración del estado de sitio, emergencia, y toque de queda.
El Teniente General Mena con sus palabras ha presionado al ejecutivo cuando se encontraba en plenas negociaciones con los partidos catalanes, tildando de irresponsable al presidente Zapatero, y dando al mismo tiempo un balón de oxígeno a las filas más contrarias al nuevo Estatuto en el Partido Popular y el PSOE. En resumidas cuentas Mena se ha pasado de la raya.
Llegados a este punto, considero importante decir que el arresto por ocho días, y el cese ―previsto para el próximo día 13 de Enero― del Teniente General Mena, los considero desproporcionados por una infracción de carácter leve, que no es otra que la de emitir juicios políticos en público. Esta decisión, como prueban diferentes cartas enviadas por un importante número de mandos retirados a los periódicos ABC y la Razón, es opinable y puede crear cierta alarma social entre los componentes del ejército.
Sin embargo, el contenido de sus palabras, bajo mi modo de ver puede suscitar una falta de confianza entre el ejecutivo del gobierno y la propia cúpula militar, que podrían de algún modo explicar el arresto cautelar por ocho días y su posterior cese en el cargo. Dicho arresto vendría pues a apartar al Teniente General Mena de sus responsabilidades, para marcar el territorio, ante el temor de una escalada de pronunciamientos entre diferentes mandos, o en el peor de los casos, de una insubordinación de parte del ejército.
Digámoslo de forma clara, el modo de pensar del Teniente General Mena no constituye un caso aislado en nuestras Fuerzas Armadas. Inteligencia y el propio Ministerio de Defensa, presumo que estarán al corriente de las diferentes formas de sentir y pensar que hay en el seno de la Fuerzas Armadas.
Pero el trasfondo de estas preocupaciones en el ejército a raíz del nuevo Estatuto de Cataluña, en mi opinión, no se debe a un temor fundamentado de que éste pueda representar una ruptura de la unidad de España o una supresión de la institución de la Fuerzas Armadas. Sino más bien, a un coletazo más de una campaña de intoxicación mediática y política ―iniciada ya desde que el Partido Popular perdió el poder del gobierno en las ultimas elecciones― en contra del gobierno y el tripartito catalán. Altas instancias militares, y la propia tropa, al igual que muchos españoles ―siendo receptores de las argumentaciones radicales del Partido Popular, y de algunos medios de comunicación― han podido creer que en realidad la unidad de España y la propia supervivencia de la institución militar están en juego.
Baste recordar para esta argumentación las palabras del ex presidente Aznar, en torno a la nueva propuesta de Estatuto de Cataluña, "La aprobación de mencionado estatuto significaría la balcanización de España".
Esta incidencia en la sociedad española, que por la madurez de sus ciudadanos no ha ido más allá de la opinión, ha sido recogida de forma irresponsable por el propio Ministro de Defensa, José Bono. Él que en sus discursos frente al Congreso y la prensa, no ha dudado en mencionar las bondades del artículo 8 de la Constitución, al tiempo que en las bases españolas en el exterior, y frente a los militares, no ha perdido ninguna oportunidad para dar lecciones sobre convivencia entre diferentes realidades étnicas (Mostar, en la ex Yugoslavía), o criticar abiertamente a la OTAN (Cachemira, Pakistán).
Esta preocupación inducida mediáticamente por los actores mencionados, en el caso del ejército, es importante remarcar que se ha producido en unos momentos difíciles. La muerte de decenas de militares desde que se inició la intervención española en la guerra de Iraq, y las campañas en Afganistán, han afectado hondamente en el seno de una tropa que es consciente de sus propias limitaciones como ejército. Y estas limitaciones debo decir, son de gravedad desde el momento en que el ejercito español se profesionalizó y pasó a ser actor activo, al lado de otros ejércitos, en las campañas en el extranjero.
Nuestro ejército pues, se puede decir sin ningún tipo de rubor, no es aquel ejército franquista que existía en la dictadura, pero tampoco es ese ejército profesional capaz de cumplir de la mejor manera posible, las campañas militares en países extranjeros bien diferentes al nuestro.
Este cúmulo de circunstancias es el que, frente a una de sus finalidades establecidas en la Constitución, la de ser garante de la unidad territorial de España, ha podido hacer que los militares se agarren como hierro ardiente a su propia conservación como institución. En resumidas cuentas, si bien es cierto que el Pardido Popular y algunos medios comunicación han sembrado un ambiente nada propicio en nuestra sociedad, y que el ejército ―formado por ciudadanos―, ha recibido de manera dispar estos nefastos discursos, las limitaciones que tiene la propia institución militar frente a los retos que España se ha querido marcar ―por un lado entrar en las reformas estatutarias, y por lo que respecta al ejército: una brusca profesionalización y la participación misiones en el exterior―, ha podido hacer que algunos militares tomen partido autónomamente para garantizar su propia supervivencia. Sin plantearse de forma seria, que esta actitud ante la actual coyuntura política que atraviesa el país, supone de facto tomar partido en la arena política causando una importante alarma social.
Conclusión que de ser acertada haría necesaria una remodelación de la institución y las leyes por las que se rige, delimitando de forma clara y taxativa que la autoridad suprema sobre la administración militar corresponde al gobierno, que democráticamente haya sido elegido por los ciudadanos. Asimismo, es del todo necesario dotar de más medios económicos las partidas de personal ―principalmente las referidas a la tropa y a los mandos intermedios― de nuestras Fuerzas Armadas, al tiempo que se le proporciona una adecuada formación legislativa y ciudadana, conforme a la alta responsabilidad que tienen entre sus manos; evitando de esta forma que la profesionalización no siga implicando una progresiva precarización del personal de las Fuerzas Armadas.
Esta preparación y dotación de medios debe tener un mayor énfasis en los soldados que participen en misiones en el exterior; sin olvidar ―por parte del ejecutivo y el Congreso― que es necesario revisar, controlar, y sopesar los actuales compromisos con la OTAN, y los organismos militares de la Unión Europea, que bajo mi criterio, ―estos ultimos― deben ser los que se impongan ante la anterior organización militar mencionada, desfasada y del todo problemática.
Finalmente, encuentro necesario que la clase política en general, y los medios de comunicación y sus profesionales en particular, se hagan cargo de la responsabilidad que tienen al tratar a la ligera cuestiones de estado. Pues, convendran conmigo, que el acertado quorum al que todos han llegado en el momento de considerar que un militar no debe emitir juicios políticos en público, en nada se corresponde a su falta de irresponsabilidad diaria, cuando problacam que existe un peligro real de ruptura de España.
(*1) - Con respecto a la lengua a utilizar en las diferentes comunidades autónomas, los militares ya no han de preocuparse por nada, pues el Ministerio de Defensa ha ordenado que sea la lengua española, que conocemos como el castellano, la que se use en el seno de las Fuerzas Armadas y en sus diferentes actos públicos, en cualquier momento y lugar.
(*2) - Por ley el Jefe de Estado y Comandante de todos los ejércitos es el rey Juan Carlos I. No obstante el rey, al ser España una Monarquía Parlamentaria, es una figura ante todo simbólica. A la practica el jefe real de las Fuerzas Armadas como índica el artículo 97 es el presidente del gobierno. De ahí que haga este juego de palabras.
Francesc Sánchez - Marlowe. Barcelona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Incorporación - Redacción. Barcelona, 12 Enero 2006.
Documento relacionado: - Discurso íntegro del teniente general José Mena
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Interferencias militares
El pronunciamiento del Teniente General Mena
por Francesc Sánchez
Desde que el Teniente General Mena dijo unas cuantas cosas durante la celebración de la Pascua Militar en Sevilla, se están vertiendo muchas líneas y voces en los medios de comunicación que pueden llegar a causar cierta alarma social desproporcionada.
Lo diré de forma directa y rápidamente: Mientras no vea los tanques Leopard lanzando obuses contra el palau de la Generalitat no me creeré que estemos frente a un golpe de estado. Asimismo, las Fuerzas Armadas tienen que saber de forma precisa e imparcial que en Cataluña y el resto de territorios españoles, no se está viviendo ningún tipo de desorden social más allá de las dinámicas que son propiciadas por el vigente sistema económico, y los desequilibrios que todo ser humano puede tener en un momento dado. Tampoco ha habido ningún levantamiento y con toda seguridad puedo decir que los acuartelamientos del ejército no están sitiados ni amenazados.
Bien distinto es que el pseudo pronunciamiento del Teniente General Mena pueda dejar entrever algunos asuntos a resolver, que atañen al ejército que merecen nuestra máxima atención y reflexión. Asimismo, considero de vital importancia analizar en qué medida el trato de algunas cuestiones de estado por la clase política en general, y algunos medios de comunicación en particular, ha servido para propiciar el pronunciamiento de Mena.
Las palabras del Teniente General Mena sacadas de contexto, ciertamente pueden parecer ―según el criterio particular de cada cual―, amenazadoras o anodinas. Pero es en la lectura de todo su discurso en donde aparecen una serie de cuestiones preocupantes, que presumo son compartidas por un número importante de mandos y tropa.
Partamos de la premisa que nos dice ―según las Reales Ordenanzas del Ejército y la LORDFA― que "un militar en servicio tiene prohibido emitir juicios políticos en público", y dejémosla como telón de fondo para tratar de entender por qué el Teniente General Mena ha cometido la infracción.
Sus preocupaciones en torno a una de las lenguas españolas ―en el caso que nos concierne, la catalana― no son diferentes a las que pueden expresar otros tipos de funcionarios ajenos por un todo a las Fuerzas Armadas. El catalán en la Comunidad Autónoma de Cataluña, por mucho que el presidente del Tribunal Supremo lo compare con un rico baile folclórico, está reconocido como lengua oficial y el deber entre los funcionarios públicos es conocerlo. Y a partir de aquí cualquier ciudadano puede opinar sobre la conveniencia o no de la vigente ley de Normalización Lingüística, que vela por el conocimiento y el uso de mencionada lengua española en la Comunidad Autónoma de Cataluña (*1). Pero lo que no puede pretender un funcionario público, en este caso ―para mayor gravedad― el Teniente General Mena, es negarse al acatamiento de una ley aprobada por un parlamento autonómico, y amparada por lo tanto por el Estado Español.
En cuanto al complicado entramado de la legislación a aplicar a las instalaciones militares en las comunidades autónomas, convengo con él; en que es necesario un marco jurídico nacional que tenga la misma aplicación en todos los territorios españoles. Lo que no implica, que dentro de este marco jurídico de ámbito nacional y en las operaciones que el ejército deba realizar en cualquier territorio español, queden exentas las instituciones políticas de ámbito local y autonómico. Pues de no cumplirse este conocimiento mutuo y colaboración entre las diferentes instituciones, el ejercito español podría quedar en la misma posición que de facto se da en un país extranjero, donde la intervención militar o la conquista son cuestiones ajenas por un todo, a las instituciones y a los habitantes de los territorios que pisa el ejército.
Estas cuestiones, de mediana importancia para las Fuerzas Armadas, el Teniente General Mena tenía que haberlas comunicado a sus superiores y al propio Ministerio de Defensa. Pero lo más grave del discurso de Mena es la implicación política que conlleva el recordar las negociaciones en torno al Estatuto Catalán durante el periodo republicano previo al inicio de la última gran contienda civil, para acto seguido compararlo con el actual proceso de elaboración de un nuevo Estatuto para Cataluña. Comparación en la que el propio presidente del gobierno ―el comandante en jefe real de las Fuerzas Armadas (*2)― toma el aspecto de Azaña, primero ferviente defensor del Estatuto y luego ―en interpretación de Mena― hombre de Estado mucho más moderado. Comparaciones que, si bien pueden ser o no certeras, en ningún momento debe realizarlas públicamente un soldado con importantes responsabilidades.
La amenaza que para algunos está implícita en el recordatorio que hace Mena del artículo 8 de la Constitución Española, cobra valor en tanto que las palabras anteriores de Mena en su discurso señalan claramente su preocupación por el nuevo Estatuto para Cataluña; y el propio presidente del gobierno. Argumentación que da entender que el ejército puede ser intérprete de la Constitución y actuar de forma autónoma si considera en peligro la unidad de España. Craso error, si mantenemos que la Constitución en el propio artículo 8, precisa que la organización del ejercito y su funcionamiento estarán reguladas por las correspondientes leyes orgánicas. Incluyéndose en la Carta Magna un no menos importante artículo, el 97 que dice así:
Artículo 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Quedando con este artículo subordinadas las Fuerzas Armadas al gobierno; y a las leyes orgánicas que ―como la LORDFA― precisan la declaración del estado de sitio, emergencia, y toque de queda.
El Teniente General Mena con sus palabras ha presionado al ejecutivo cuando se encontraba en plenas negociaciones con los partidos catalanes, tildando de irresponsable al presidente Zapatero, y dando al mismo tiempo un balón de oxígeno a las filas más contrarias al nuevo Estatuto en el Partido Popular y el PSOE. En resumidas cuentas Mena se ha pasado de la raya.
Llegados a este punto, considero importante decir que el arresto por ocho días, y el cese ―previsto para el próximo día 13 de Enero― del Teniente General Mena, los considero desproporcionados por una infracción de carácter leve, que no es otra que la de emitir juicios políticos en público. Esta decisión, como prueban diferentes cartas enviadas por un importante número de mandos retirados a los periódicos ABC y la Razón, es opinable y puede crear cierta alarma social entre los componentes del ejército.
Sin embargo, el contenido de sus palabras, bajo mi modo de ver puede suscitar una falta de confianza entre el ejecutivo del gobierno y la propia cúpula militar, que podrían de algún modo explicar el arresto cautelar por ocho días y su posterior cese en el cargo. Dicho arresto vendría pues a apartar al Teniente General Mena de sus responsabilidades, para marcar el territorio, ante el temor de una escalada de pronunciamientos entre diferentes mandos, o en el peor de los casos, de una insubordinación de parte del ejército.
Digámoslo de forma clara, el modo de pensar del Teniente General Mena no constituye un caso aislado en nuestras Fuerzas Armadas. Inteligencia y el propio Ministerio de Defensa, presumo que estarán al corriente de las diferentes formas de sentir y pensar que hay en el seno de la Fuerzas Armadas.
Pero el trasfondo de estas preocupaciones en el ejército a raíz del nuevo Estatuto de Cataluña, en mi opinión, no se debe a un temor fundamentado de que éste pueda representar una ruptura de la unidad de España o una supresión de la institución de la Fuerzas Armadas. Sino más bien, a un coletazo más de una campaña de intoxicación mediática y política ―iniciada ya desde que el Partido Popular perdió el poder del gobierno en las ultimas elecciones― en contra del gobierno y el tripartito catalán. Altas instancias militares, y la propia tropa, al igual que muchos españoles ―siendo receptores de las argumentaciones radicales del Partido Popular, y de algunos medios de comunicación― han podido creer que en realidad la unidad de España y la propia supervivencia de la institución militar están en juego.
Baste recordar para esta argumentación las palabras del ex presidente Aznar, en torno a la nueva propuesta de Estatuto de Cataluña, "La aprobación de mencionado estatuto significaría la balcanización de España".
Esta incidencia en la sociedad española, que por la madurez de sus ciudadanos no ha ido más allá de la opinión, ha sido recogida de forma irresponsable por el propio Ministro de Defensa, José Bono. Él que en sus discursos frente al Congreso y la prensa, no ha dudado en mencionar las bondades del artículo 8 de la Constitución, al tiempo que en las bases españolas en el exterior, y frente a los militares, no ha perdido ninguna oportunidad para dar lecciones sobre convivencia entre diferentes realidades étnicas (Mostar, en la ex Yugoslavía), o criticar abiertamente a la OTAN (Cachemira, Pakistán).
Esta preocupación inducida mediáticamente por los actores mencionados, en el caso del ejército, es importante remarcar que se ha producido en unos momentos difíciles. La muerte de decenas de militares desde que se inició la intervención española en la guerra de Iraq, y las campañas en Afganistán, han afectado hondamente en el seno de una tropa que es consciente de sus propias limitaciones como ejército. Y estas limitaciones debo decir, son de gravedad desde el momento en que el ejercito español se profesionalizó y pasó a ser actor activo, al lado de otros ejércitos, en las campañas en el extranjero.
Nuestro ejército pues, se puede decir sin ningún tipo de rubor, no es aquel ejército franquista que existía en la dictadura, pero tampoco es ese ejército profesional capaz de cumplir de la mejor manera posible, las campañas militares en países extranjeros bien diferentes al nuestro.
Este cúmulo de circunstancias es el que, frente a una de sus finalidades establecidas en la Constitución, la de ser garante de la unidad territorial de España, ha podido hacer que los militares se agarren como hierro ardiente a su propia conservación como institución. En resumidas cuentas, si bien es cierto que el Pardido Popular y algunos medios comunicación han sembrado un ambiente nada propicio en nuestra sociedad, y que el ejército ―formado por ciudadanos―, ha recibido de manera dispar estos nefastos discursos, las limitaciones que tiene la propia institución militar frente a los retos que España se ha querido marcar ―por un lado entrar en las reformas estatutarias, y por lo que respecta al ejército: una brusca profesionalización y la participación misiones en el exterior―, ha podido hacer que algunos militares tomen partido autónomamente para garantizar su propia supervivencia. Sin plantearse de forma seria, que esta actitud ante la actual coyuntura política que atraviesa el país, supone de facto tomar partido en la arena política causando una importante alarma social.
Conclusión que de ser acertada haría necesaria una remodelación de la institución y las leyes por las que se rige, delimitando de forma clara y taxativa que la autoridad suprema sobre la administración militar corresponde al gobierno, que democráticamente haya sido elegido por los ciudadanos. Asimismo, es del todo necesario dotar de más medios económicos las partidas de personal ―principalmente las referidas a la tropa y a los mandos intermedios― de nuestras Fuerzas Armadas, al tiempo que se le proporciona una adecuada formación legislativa y ciudadana, conforme a la alta responsabilidad que tienen entre sus manos; evitando de esta forma que la profesionalización no siga implicando una progresiva precarización del personal de las Fuerzas Armadas.
Esta preparación y dotación de medios debe tener un mayor énfasis en los soldados que participen en misiones en el exterior; sin olvidar ―por parte del ejecutivo y el Congreso― que es necesario revisar, controlar, y sopesar los actuales compromisos con la OTAN, y los organismos militares de la Unión Europea, que bajo mi criterio, ―estos ultimos― deben ser los que se impongan ante la anterior organización militar mencionada, desfasada y del todo problemática.
Finalmente, encuentro necesario que la clase política en general, y los medios de comunicación y sus profesionales en particular, se hagan cargo de la responsabilidad que tienen al tratar a la ligera cuestiones de estado. Pues, convendran conmigo, que el acertado quorum al que todos han llegado en el momento de considerar que un militar no debe emitir juicios políticos en público, en nada se corresponde a su falta de irresponsabilidad diaria, cuando problacam que existe un peligro real de ruptura de España.
(*1) - Con respecto a la lengua a utilizar en las diferentes comunidades autónomas, los militares ya no han de preocuparse por nada, pues el Ministerio de Defensa ha ordenado que sea la lengua española, que conocemos como el castellano, la que se use en el seno de las Fuerzas Armadas y en sus diferentes actos públicos, en cualquier momento y lugar.
(*2) - Por ley el Jefe de Estado y Comandante de todos los ejércitos es el rey Juan Carlos I. No obstante el rey, al ser España una Monarquía Parlamentaria, es una figura ante todo simbólica. A la practica el jefe real de las Fuerzas Armadas como índica el artículo 97 es el presidente del gobierno. De ahí que haga este juego de palabras.
Francesc Sánchez - Marlowe. Barcelona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Incorporación - Redacción. Barcelona, 12 Enero 2006.
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