Financiación pública española: Reforma o bancarrota - por Francesc Sánchez
"El sistema de financiación autonómico español hoy puesto en entredicho por una comunidad autónoma abiertamente, y sutilmente por otras de distinto color político, muestra una triste realidad: ya no da más de sí."
El colapso del sistema financiero
Financiación pública española: Reforma o bancarrota
por Francesc Sánchez
Ésta ultima semana el gobierno tripartito de la Genaralitat de Cataluña ha presentado su borrador entorno a la financiación autonómica. Sus aspiraciones otrora consideradas razonables desde muchos sectores políticos y mediáticos de la capital del reino, ésta vez de entrada han sido rechazadas de forma contundente. Difícil es saber si se trata de un truco para contener a la derecha, o por el contrario algunos han cambiado de opinión, siendo quién sabe si presionados desde posiciones que permanecen en la sombra.
Como acompañamiento a esa negación contundente de la que hablábamos, han vuelto de nuevo los viejos tics anticatalanes, y también la mal sana costumbre española de tergiversar los argumentos, viendo peligros dónde no los hay, omitiendo lo que sí es peligroso, y haciendo oscuridad dónde debería de haber claridad. Es por éste cúmulo de circunstancias, y no tanto por querer tomar partido que me he dispuesto a intentar hacer —en vistas de que otros desde los grandes medios no quieren o son incapaces— una pequeña labor pedagógica.
El sistema de financiación autonómico español hoy puesto en entredicho por una comunidad autónoma abiertamente, y sutilmente por otras de distinto color político, muestra una triste realidad: ya no da más de sí. Si mantenemos que la mayoría de competencias públicas están en manos de los gobiernos autonómicos, nos haremos a la idea del peligro que supone éste pequeño problema para el Estado Español.
Ley orgánica insuficiente
Para entender de dónde viene todo esto de la financiación autonómica nos tenemos que remontar al año 1980, cuando después de muchas negociaciones se realiza el primer redactado de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, conocida como LOFCA (*1).
La LOFCA establece que és la Administración Central del estado la encargada, mediante la Hacienda Pública, de marcar y cobrar los tributos a todos los ciudadanos españoles. Durante los primeros años, y conforme al nivel competencial que las nuevas autonomías van adquiriendo, la Administración Central se encarga de transferir el dinero necesario para dichas competencias.
Complementariamente a estas transferencias de la Administración Central, se articuló la solidaridad entre las comunidades autónomas. La materialización de ésta solidaridad entre autonomías fue la creación de un fondo de compensación interterritorial, destinado a las comunidades autónomas con menor PIB y menor renta per capita, para así redistribuir la riqueza del país.
Finalmente también se concede a las comunidades autónomas la capacidad para cobrar algunos tributos específicos existentes: impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto de patrimonio, de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentales, y el impuesto sobre los juegos de azar. También se deja abierta la posibilidad de crear nuevos impuestos por parte de las comunidades autónomas.
La gestión y financiamiento de algunas comunidades autónomas de más servicios públicos llevó al gobierno central a ceder a los gobiernos autonómicos una parte porcentual del IRPF de los ciudadanos de su comunidad. Estas negociaciones, de las que todas las comunidades autónomas salieron beneficiadas, fueron las interpretadas por el presidente de la Generalitat Jordi Pujol, consiguiendo el 15% durante el ultimo gobierno de Felipe González, y el 30% durante el primer mandato de José María Aznar.
Hasta aquí podríamos ya vislumbrar que la LOFCA, o bien fue diseñada sin tener en cuenta unos criterios que sirvieran a medio y largo plazo para el desarrollo autonómico, o bien nunca se planteó de forma seria que las comunidades autónomas pudieran hacerse cargo de la mayoría de las competencias públicas.
El colapso del sistema financiero
En el momento actual Cataluña tiene un déficit fiscal de más de 11.000 millones de euros, y la tendencia va en aumento. Muchos esgrimen algunas posibles causas a éste déficit fiscal: desde la mala gestión del anterior gobierno de la Generalitat, o quién sabe si por unas corruptelas más o menos graves. Seguro que llevan razón.
Pero me temo que pesa más la no correspondencia entre el nivel competencial de la Generalitat y su financiamiento. Ésta circunstancia hace que un ciudadano que vive en Cataluña pague lo mismo en impuestos al Estado que otro que vive en otra comunidad, pero en cambio reciba menos en inversiones públicas.
No obstante, no hay quien le quite a los catalanes el san benito "de pertenecer a una comunidad rica", por representar por ahora el PIB de ésta el 18% del Estado. Ese PIB por ahora, porque el déficit fiscal es uno de los principales lastres que impiden el desarrollo tanto del estado del bienestar como de la propia economía privada. Algo inevitable como muestran los últimos índices de crecimiento: Cataluña ocupa el penúltimo lugar de la lista nacional, y la reducción del PIB de la comunidad a medio plazo será una mera consecuencia.
En cuanto al déficit presupuestario de la Genaralitat, puede impedir a ésta comunidad hacerse cargo de las competencias públicas que tiene a su cargo, pudiéndose generar en un futuro no demasiado lejano un colapso —cómo el de la sanidad pública— y un vacío —cómo el de la seguridad— preocupantes.
El déficit de inversiones publicas en el territorio —bien provengan de la Generalitat o de la Administración Central—, y la falta de una contundente política reguladora del mercado, son unas de las principales causas de la deslocalización empresarial hacía el exterior del territorio nacional. Si somos patriotas deberíamos preocuparnos.
Dos importantes consecuencias de la fuga de capitales, y de la inexistencia de una política reguladora en el mercado, son la precarización del trabajo, y el aumento de los precios de los productos. Si a esto le sumamos una inexistencia de medidas asistenciales tanto en sueldos como en servicios públicos, contemplaremos una inflación y un aumento de la carestía de vida. Si somos de izquierdas, o sencillamente no disponemos de una cartera ancha, deberíamos preocuparnos.
Hablaba de Cataluña pero también de España, porque la destrucción de la riqueza en Cataluña y el empobrecimiento de sus habitantes, son también un problema para el resto de españoles. ¿Alguien lo dudaba?
Cada empresa ubicada en Cataluña fiscaliza sus impuestos en la Hacienda Pública Española, y cada ciudadano de dicha comunidad paga sus impuestos directos en relación al sueldo que percibe a la misma hacienda pública. Con la destrucción de riqueza y el empobrecimiento generalizado, la Hacienda Pública Española recibe cada vez menos impuestos. Ésta disminución de capital de la Hacienda Pública se traduce en una disminución de capital en la Administración Central, que a su vez, dispone de menos capacidad económica en sus Presupuestos Generales del Estado.
La disminución de capital disponible en los Presupuestos Generales precariza los servicios públicos del Estado y también de las Comunidades Autónomas. Pues es la Administración Central mediante estos Presupuestos Generales la que no sólo realiza importantes inversiones públicas en todo el territorio nacional, si no que también financia las Comunidades Autónomas, y traspasa —a las comunidades con menor capacidad productiva— los fondos de compensación interterritoriales.
Ésta caída hacia el vacío, se agravara seriamente cuando en los próximos años España deje de recibir de la Unión Europea los fondos estructurales y de cohesión. Entonces el gobierno de turno sabrá porque es tan importante la cohesión y la autosuficiencia territorial, no solo dentro de Europa sino sobre todo dentro de nuestro propio país.
Luz y tinieblas
¿Dónde queda el catalanismo? Pues queda en la defensa de una serie de símbolos y mitos, una lengua y una cultura plurales y no excluyentes, que tienen múltiples lazos con otros pueblos de España. Quedan fuera de lugar los tótems etnicistas que abogan por una cultura exclusiva y excluyente, en Cataluña se une en lugar de separar, su historia se ha construido entre todos, y en la actualidad con la nueva inmigración hoy Cataluña quizá es más que nunca ese crisol donde todo se funde y nace algo nuevo.
Lo requerido por el tripartito catalán, es puro sentido común materialista sin por ello perder una moral siempre necesaria, podríamos sintetizarlo en una conjunción debatible harta conocida: recibir según lo producido y recibir según las necesidades.
Apliquen el sistema económico o regulador que quieran, denle las vueltas que quieran, no encontraran ningún español que se niegue a vivir mejor y que no luche por sus derechos. Quizá deberían aprovechar esta oportunidad para replantearse muchas cosas en nuestro país. Aprovechen y hagan realidad los estados federales, España necesita refundarse, y ésta vez de verdad. Porque si bien hoy la idea de España, y lo que es más importante su viabilidad —si omitimos algunas ideas reaccionarias— tiene arreglo y perfecta viabilidad, en un futuro puede peligrar.
Algunos dicen que después de la dictadura con la transición nunca se llegó hacer realmente porque no hubo una ruptura. Llevan razón, pero no piensan con suficiente perspectiva.
Los españoles no sólo no rompieron con la clase política del régimen, dejando que heredaran el poder y camuflasen su estructura, si no que no se percataron que con la superflua caída del "ideario nacional franquista" se generó "un vacío en el ideario compartido de todos los españoles". Lo que unía a los españoles en la defensa de la dictadura durante el franquismo, y en su repulsa en la clandestinidad, muerto el caudillo, en ausencia de una refundación del Estado bajo unos valores nuevos y planteamientos prácticos más justos, dio salida —una vez más— a los diferentes sentimientos nacionales regionales. El Estado de las Autonomías de repente otorgó un merecido reconocimiento a las comunidades históricas, pero también representó una vía libre para los oportunistas que se hicieron con importantes bazas en el poder regional. La reconversión de los franquistas, el surgimiento de una nueva clase política —y también económica— , enfatizando tanto los sentimientos nacionales, como la endogamía y el clientelismo, llegó a generar una autentica corrupción y, graves tensiones entre sus ciudadanos más disidentes. A día de hoy podemos ver aún muchos ejemplos. La mayoría de la clase política bien intencionada, por acción u omisión, no hizo bien su trabajo. ¿Por qué cuando en una de las comunidades —aparentemente— se quieren cambiar las cosas hay tanta oposición e incomprensión?
La verdad es que España nunca superó su Antiguo Régimen, por no realizar no realizó ni su Revolución Burguesa, y con estas nos encontramos en pleno siglo XXI. De ahí que existan tantas diferencias económicas entre comunidades autónomas, y por que no decirlo, entre las rentas y posesiones de bastantes personas. Es justo que las regiones con mayor capacidad económica tengan la obligación de transferir fondos a las regiones más necesitadas —no hace falta que hablemos de solidaridad, hablemos de justicia social—, pero también bajo mi opinión es necesario que todas las regiones españolas consigan acercarse a una autosuficiencia. Pues no es asumible ni aceptable que unas regiones contribuyan eternamente a otras y que estas no prosperen, mucho menos que a través de estas dinámicas obtengamos al final el empobrecimiento generalizado de todos. El horizonte ha de ser la cohesión y la autosuficiencia, manteniendo el equilibrio necesario entre las regiones, y también entre las personas. Quizá para ello algunos deberían de fijarse no tanto en Cataluña, si no en los políticos que, por acción u omisión, permiten que existan grandes capitales privados —algunos de ellos pretendiendo ser los representantes de Dios que no son más que una dialéctica metafísica, otros siendo herederos de viejas estirpes explotadoras, y otros siendo los nuevos ricos que han emergido con las autonomías y la cultura del pelotazo *(2)— que acaparan todos los recursos bajo sus dominios políticos. No les quepa duda que los mismos que llevaron a éste país a una guerra civil por no querer compartir sus beneficios cuando el pueblo se moría de hambre, son los mismos que prefieren hoy una España pobre y rota. Ustedes verán.
(*1)—Anotación— Hay dos comunidades autónomas que quedaron desde un principio al margen de la LOFCA. El País Vasco y Navarra, que en virtud a unos derechos históricos del siglo XIX —los fueros—, consiguen una financiación diferente al resto de comunidades autónomas, el llamado concierto económico vasco y navarro, y el añadido del Cupo.
Estas dos comunidades autónomas disponen de sus propias haciendas, y por lo tanto de la capacidad para fiscalizar y administrar sus propios impuestos. Las competencias publicas a su cargo son financiadas por el impuesto de sus ciudadanos, y las que siguen siendo gestionadas por la Administración Central son financiadas —mediante el Cupo— por ésta misma Administración Central.
La propuesta del tripartito, que ya adelanto que és de máximos, se aleja bastante de semejante favoritismo trasnochado. La diferencia es que en terminos absolutos si que inevitablemente comporta una redistribución —una vez más— significativa de la riqueza del país. Sin pretender entrar en otra historia: En realidad el problema vasco para España es político, no económico. Su hipotética separación de España, por la perdida de la financiación de la Administración Central, y la interdependencia de su economía, solo seria un problema para el propio País Vasco. Ellos verán. No obstante nadie parece acordarse de los fueros, será por eso que decía antes del Antiguo Régimen.
(*2) —Anotación— Cultura del pelotazo: Proceso por el cual, descendientes del régimen franquista o amigos del gobierno de turno, accedieron al control de las grandes empresas españolas públicas cuando estas pasaron a ser privadas.
Francesc Sánchez - Marlowe. Barcelona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Incorporación - Redacción. Barcelona, 5 Mayo 2005.
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Financiación pública española: Reforma o bancarrota
por Francesc Sánchez
Ésta ultima semana el gobierno tripartito de la Genaralitat de Cataluña ha presentado su borrador entorno a la financiación autonómica. Sus aspiraciones otrora consideradas razonables desde muchos sectores políticos y mediáticos de la capital del reino, ésta vez de entrada han sido rechazadas de forma contundente. Difícil es saber si se trata de un truco para contener a la derecha, o por el contrario algunos han cambiado de opinión, siendo quién sabe si presionados desde posiciones que permanecen en la sombra.
Como acompañamiento a esa negación contundente de la que hablábamos, han vuelto de nuevo los viejos tics anticatalanes, y también la mal sana costumbre española de tergiversar los argumentos, viendo peligros dónde no los hay, omitiendo lo que sí es peligroso, y haciendo oscuridad dónde debería de haber claridad. Es por éste cúmulo de circunstancias, y no tanto por querer tomar partido que me he dispuesto a intentar hacer —en vistas de que otros desde los grandes medios no quieren o son incapaces— una pequeña labor pedagógica.
El sistema de financiación autonómico español hoy puesto en entredicho por una comunidad autónoma abiertamente, y sutilmente por otras de distinto color político, muestra una triste realidad: ya no da más de sí. Si mantenemos que la mayoría de competencias públicas están en manos de los gobiernos autonómicos, nos haremos a la idea del peligro que supone éste pequeño problema para el Estado Español.
Ley orgánica insuficiente
Para entender de dónde viene todo esto de la financiación autonómica nos tenemos que remontar al año 1980, cuando después de muchas negociaciones se realiza el primer redactado de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, conocida como LOFCA (*1).
La LOFCA establece que és la Administración Central del estado la encargada, mediante la Hacienda Pública, de marcar y cobrar los tributos a todos los ciudadanos españoles. Durante los primeros años, y conforme al nivel competencial que las nuevas autonomías van adquiriendo, la Administración Central se encarga de transferir el dinero necesario para dichas competencias.
Complementariamente a estas transferencias de la Administración Central, se articuló la solidaridad entre las comunidades autónomas. La materialización de ésta solidaridad entre autonomías fue la creación de un fondo de compensación interterritorial, destinado a las comunidades autónomas con menor PIB y menor renta per capita, para así redistribuir la riqueza del país.
Finalmente también se concede a las comunidades autónomas la capacidad para cobrar algunos tributos específicos existentes: impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto de patrimonio, de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentales, y el impuesto sobre los juegos de azar. También se deja abierta la posibilidad de crear nuevos impuestos por parte de las comunidades autónomas.
La gestión y financiamiento de algunas comunidades autónomas de más servicios públicos llevó al gobierno central a ceder a los gobiernos autonómicos una parte porcentual del IRPF de los ciudadanos de su comunidad. Estas negociaciones, de las que todas las comunidades autónomas salieron beneficiadas, fueron las interpretadas por el presidente de la Generalitat Jordi Pujol, consiguiendo el 15% durante el ultimo gobierno de Felipe González, y el 30% durante el primer mandato de José María Aznar.
Hasta aquí podríamos ya vislumbrar que la LOFCA, o bien fue diseñada sin tener en cuenta unos criterios que sirvieran a medio y largo plazo para el desarrollo autonómico, o bien nunca se planteó de forma seria que las comunidades autónomas pudieran hacerse cargo de la mayoría de las competencias públicas.
El colapso del sistema financiero
En el momento actual Cataluña tiene un déficit fiscal de más de 11.000 millones de euros, y la tendencia va en aumento. Muchos esgrimen algunas posibles causas a éste déficit fiscal: desde la mala gestión del anterior gobierno de la Generalitat, o quién sabe si por unas corruptelas más o menos graves. Seguro que llevan razón.
Pero me temo que pesa más la no correspondencia entre el nivel competencial de la Generalitat y su financiamiento. Ésta circunstancia hace que un ciudadano que vive en Cataluña pague lo mismo en impuestos al Estado que otro que vive en otra comunidad, pero en cambio reciba menos en inversiones públicas.
No obstante, no hay quien le quite a los catalanes el san benito "de pertenecer a una comunidad rica", por representar por ahora el PIB de ésta el 18% del Estado. Ese PIB por ahora, porque el déficit fiscal es uno de los principales lastres que impiden el desarrollo tanto del estado del bienestar como de la propia economía privada. Algo inevitable como muestran los últimos índices de crecimiento: Cataluña ocupa el penúltimo lugar de la lista nacional, y la reducción del PIB de la comunidad a medio plazo será una mera consecuencia.
En cuanto al déficit presupuestario de la Genaralitat, puede impedir a ésta comunidad hacerse cargo de las competencias públicas que tiene a su cargo, pudiéndose generar en un futuro no demasiado lejano un colapso —cómo el de la sanidad pública— y un vacío —cómo el de la seguridad— preocupantes.
El déficit de inversiones publicas en el territorio —bien provengan de la Generalitat o de la Administración Central—, y la falta de una contundente política reguladora del mercado, son unas de las principales causas de la deslocalización empresarial hacía el exterior del territorio nacional. Si somos patriotas deberíamos preocuparnos.
Dos importantes consecuencias de la fuga de capitales, y de la inexistencia de una política reguladora en el mercado, son la precarización del trabajo, y el aumento de los precios de los productos. Si a esto le sumamos una inexistencia de medidas asistenciales tanto en sueldos como en servicios públicos, contemplaremos una inflación y un aumento de la carestía de vida. Si somos de izquierdas, o sencillamente no disponemos de una cartera ancha, deberíamos preocuparnos.
Hablaba de Cataluña pero también de España, porque la destrucción de la riqueza en Cataluña y el empobrecimiento de sus habitantes, son también un problema para el resto de españoles. ¿Alguien lo dudaba?
Cada empresa ubicada en Cataluña fiscaliza sus impuestos en la Hacienda Pública Española, y cada ciudadano de dicha comunidad paga sus impuestos directos en relación al sueldo que percibe a la misma hacienda pública. Con la destrucción de riqueza y el empobrecimiento generalizado, la Hacienda Pública Española recibe cada vez menos impuestos. Ésta disminución de capital de la Hacienda Pública se traduce en una disminución de capital en la Administración Central, que a su vez, dispone de menos capacidad económica en sus Presupuestos Generales del Estado.
La disminución de capital disponible en los Presupuestos Generales precariza los servicios públicos del Estado y también de las Comunidades Autónomas. Pues es la Administración Central mediante estos Presupuestos Generales la que no sólo realiza importantes inversiones públicas en todo el territorio nacional, si no que también financia las Comunidades Autónomas, y traspasa —a las comunidades con menor capacidad productiva— los fondos de compensación interterritoriales.
Ésta caída hacia el vacío, se agravara seriamente cuando en los próximos años España deje de recibir de la Unión Europea los fondos estructurales y de cohesión. Entonces el gobierno de turno sabrá porque es tan importante la cohesión y la autosuficiencia territorial, no solo dentro de Europa sino sobre todo dentro de nuestro propio país.
Luz y tinieblas
¿Dónde queda el catalanismo? Pues queda en la defensa de una serie de símbolos y mitos, una lengua y una cultura plurales y no excluyentes, que tienen múltiples lazos con otros pueblos de España. Quedan fuera de lugar los tótems etnicistas que abogan por una cultura exclusiva y excluyente, en Cataluña se une en lugar de separar, su historia se ha construido entre todos, y en la actualidad con la nueva inmigración hoy Cataluña quizá es más que nunca ese crisol donde todo se funde y nace algo nuevo.
Lo requerido por el tripartito catalán, es puro sentido común materialista sin por ello perder una moral siempre necesaria, podríamos sintetizarlo en una conjunción debatible harta conocida: recibir según lo producido y recibir según las necesidades.
Apliquen el sistema económico o regulador que quieran, denle las vueltas que quieran, no encontraran ningún español que se niegue a vivir mejor y que no luche por sus derechos. Quizá deberían aprovechar esta oportunidad para replantearse muchas cosas en nuestro país. Aprovechen y hagan realidad los estados federales, España necesita refundarse, y ésta vez de verdad. Porque si bien hoy la idea de España, y lo que es más importante su viabilidad —si omitimos algunas ideas reaccionarias— tiene arreglo y perfecta viabilidad, en un futuro puede peligrar.
Algunos dicen que después de la dictadura con la transición nunca se llegó hacer realmente porque no hubo una ruptura. Llevan razón, pero no piensan con suficiente perspectiva.
Los españoles no sólo no rompieron con la clase política del régimen, dejando que heredaran el poder y camuflasen su estructura, si no que no se percataron que con la superflua caída del "ideario nacional franquista" se generó "un vacío en el ideario compartido de todos los españoles". Lo que unía a los españoles en la defensa de la dictadura durante el franquismo, y en su repulsa en la clandestinidad, muerto el caudillo, en ausencia de una refundación del Estado bajo unos valores nuevos y planteamientos prácticos más justos, dio salida —una vez más— a los diferentes sentimientos nacionales regionales. El Estado de las Autonomías de repente otorgó un merecido reconocimiento a las comunidades históricas, pero también representó una vía libre para los oportunistas que se hicieron con importantes bazas en el poder regional. La reconversión de los franquistas, el surgimiento de una nueva clase política —y también económica— , enfatizando tanto los sentimientos nacionales, como la endogamía y el clientelismo, llegó a generar una autentica corrupción y, graves tensiones entre sus ciudadanos más disidentes. A día de hoy podemos ver aún muchos ejemplos. La mayoría de la clase política bien intencionada, por acción u omisión, no hizo bien su trabajo. ¿Por qué cuando en una de las comunidades —aparentemente— se quieren cambiar las cosas hay tanta oposición e incomprensión?
La verdad es que España nunca superó su Antiguo Régimen, por no realizar no realizó ni su Revolución Burguesa, y con estas nos encontramos en pleno siglo XXI. De ahí que existan tantas diferencias económicas entre comunidades autónomas, y por que no decirlo, entre las rentas y posesiones de bastantes personas. Es justo que las regiones con mayor capacidad económica tengan la obligación de transferir fondos a las regiones más necesitadas —no hace falta que hablemos de solidaridad, hablemos de justicia social—, pero también bajo mi opinión es necesario que todas las regiones españolas consigan acercarse a una autosuficiencia. Pues no es asumible ni aceptable que unas regiones contribuyan eternamente a otras y que estas no prosperen, mucho menos que a través de estas dinámicas obtengamos al final el empobrecimiento generalizado de todos. El horizonte ha de ser la cohesión y la autosuficiencia, manteniendo el equilibrio necesario entre las regiones, y también entre las personas. Quizá para ello algunos deberían de fijarse no tanto en Cataluña, si no en los políticos que, por acción u omisión, permiten que existan grandes capitales privados —algunos de ellos pretendiendo ser los representantes de Dios que no son más que una dialéctica metafísica, otros siendo herederos de viejas estirpes explotadoras, y otros siendo los nuevos ricos que han emergido con las autonomías y la cultura del pelotazo *(2)— que acaparan todos los recursos bajo sus dominios políticos. No les quepa duda que los mismos que llevaron a éste país a una guerra civil por no querer compartir sus beneficios cuando el pueblo se moría de hambre, son los mismos que prefieren hoy una España pobre y rota. Ustedes verán.
(*1)—Anotación— Hay dos comunidades autónomas que quedaron desde un principio al margen de la LOFCA. El País Vasco y Navarra, que en virtud a unos derechos históricos del siglo XIX —los fueros—, consiguen una financiación diferente al resto de comunidades autónomas, el llamado concierto económico vasco y navarro, y el añadido del Cupo.
Estas dos comunidades autónomas disponen de sus propias haciendas, y por lo tanto de la capacidad para fiscalizar y administrar sus propios impuestos. Las competencias publicas a su cargo son financiadas por el impuesto de sus ciudadanos, y las que siguen siendo gestionadas por la Administración Central son financiadas —mediante el Cupo— por ésta misma Administración Central.
La propuesta del tripartito, que ya adelanto que és de máximos, se aleja bastante de semejante favoritismo trasnochado. La diferencia es que en terminos absolutos si que inevitablemente comporta una redistribución —una vez más— significativa de la riqueza del país. Sin pretender entrar en otra historia: En realidad el problema vasco para España es político, no económico. Su hipotética separación de España, por la perdida de la financiación de la Administración Central, y la interdependencia de su economía, solo seria un problema para el propio País Vasco. Ellos verán. No obstante nadie parece acordarse de los fueros, será por eso que decía antes del Antiguo Régimen.
(*2) —Anotación— Cultura del pelotazo: Proceso por el cual, descendientes del régimen franquista o amigos del gobierno de turno, accedieron al control de las grandes empresas españolas públicas cuando estas pasaron a ser privadas.
Francesc Sánchez - Marlowe. Barcelona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Incorporación - Redacción. Barcelona, 5 Mayo 2005.
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