El gobierno movilizará 200.000 millones para afrontar el impacto económico
El primer bloque de medidas está destinado a las personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables. Se amplia la protección de suministros de energía y de agua, como también los servicios de telecomunicaciones, para estos colectivos. Se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. A estos efectos se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para aquellos que vean reducirse sus ingresos: el objetivo es que bajo estas circunstancias ninguna persona pierda su vivienda.
El segundo bloque está destinado a los trabajadores y el objetivo es que no sean despedidos de sus puestos de trabajo. El gobierno ha acordado que los trabajadores puedan adaptar o reducir su jornada laboral, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidados. Cuando las circunstancias lo permitan se establece el teletrabajo como media de flexibilidad principal. Los ERTES (Expedientes Temporales de Regulación de Empleo) causados por la crisis serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. Los ERTES en estas circunstancias exoneran al empresario de la aportación de las cuotas de la Seguridad Social. Para el colectivo de los autónomos se flexibiliza el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.
El tercer bloque está destinado íntegramente a las empresas y el objetivo es resolver los problemas de liquidez. Para estos efectos se ha aprobado una creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Con la garantía del Estado el Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial prevé la movilización de entre 150.000 y 200.000 millones de euros. Por otro lado, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo. Finalmente, el Gobierno para apoyar el sistema productivo y empresarial reforma la normativa sobre las inversiones extranjeras con el objetivo de impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.
El cuarto bloque está destinado a la investigación para la obtención una vacuna para el COVID-19 y por ese motivo el Gobierno va a dedicar 30 millones de euros. El dinero irá dedicado a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III.
Francesc Sánchez – Marlowe. Barcelona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 17 Marzo 2020.