Las fosas comunes en España - por Francesc Sánchez
Los conflictos armados o la represión ideológica o religiosa hasta su
últimas consecuencias que llevan a cabo las dictaduras o los grupos
criminales generan muerte entre los pueblos que son enemigos o se oponen
al régimen. Y esta liquidación del adversario genera siempre cadáveres
que los verdugos quieren hacer desaparecer permanentemente (es el caso
extremo de los nazis que decidieron usar la incineración sobre sus
adversarios políticos o los que consideraban inferiores a la raza aria) o
más comúnmente fosas comunes (innumerables casos) que en nuestro país y
en nuestro pasado más o menos cercano tenemos una buena muestra. - seguir leyendo
Sección Memoria Histórica
Las fosas comunes en España - por Francesc Sánchez
Durante la Guerra Civil los bandos enfrentados en el campo de batalla y las matanzas de civiles en las retaguardias generaron decenas de miles de muertos (de 100.000 a 130.000 en la retaguardia franquista y 55.000 en la retaguardia republicana) que en muchos casos el bando amontonó en fosas comunes por desidia, razones de salud pública, o por hacer desaparecer las pruebas del crimen. Muchos cadáveres que produjeron los rojos fueron rescatados de estas fosas durante la Dictadura franquista para darles una cristiana sepultura pero no sucedió lo mismo con los restos de los perdedores. Durante la posguerra el régimen franquista trajo la paz de los cementerios matando nuevamente (entre 45.000 y 50.000 muertes). A la muerte del dictador con el inicio de la Transición se empezó a abrir algunas fosas comunes pero, sin que se conozca realmente las razones, esta dinámica quedó paralizada después del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, para iniciarse nuevamente exhumaciones con la entrada del nuevo siglo.
La Ley de Memoria Histórica creada en el primer gobierno del socialista Zapatero entró en vigor el 27 de diciembre de 2007 con la intención de reconocer y ampliar derechos en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Para llevar a cabo esto el Congreso de los Diputados instaba al gobierno en el 2004 a realizar un estudio sobre los daños y perjuicios ocasionados a las victimas durante los períodos arriba señalados para otorgarles una indemnización y facilitarles el acceso a los archivos donde se encuentran los documentos relativos a estas mismas víctimas. Por lo que respecta a las fosas comunes la Ley de Memoria Histórica incluye medidas para la identificación y localización de los restos mortales de las victimas. Se creó un Protocolo de actuación científica para las exhumaciones (en el que se delega las actuaciones a las Comunidades Autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias, y a las Asociaciones de Memoria Histórica, que son las que realmente las han llevado a cabo), y se elaboró un mapa donde se podían localizar las fosas comunes (se llegaron a contabilizar más de 2.000 que pueden contener decenas de miles de cadáveres) clasificadas en exhumadas, no intervenidas, desaparecidas y fosas trasladadas al Valle de los Caídos, pero esta herramienta en la página web oficial del Ministerio de Justicia ha dejado de funcionar, quedando en su lugar algunos mapas con información limitada facilitados por los diferentes gobiernos autonómicos.
En España a diferencia de otros países donde se ha destruido un régimen totalitario después de una guerra (por ejemplo Alemania, Italia o el Japón durante la Segunda Guerra Mundial), o después de un proceso de ruptura con una dictadura (es el caso de las dictaduras latinoamericanas), no existe ninguna responsabilidad legal que pueda llevar a los criminales de la Guerra Civil y la Dictadura ante un tribunal de justicia. Durante el período de la Transición (1975-1982), que puso de acuerdo la mayoría de los franquistas y casi la totalidad de la oposición democrática en lo que se conoció como el consenso (que fue una forma de pasar página y mirar hacia delante pero también de cierta amnesia con el pasado más reciente), se crearon sucesivas leyes de amnistía, siendo la más importante la del 15 de octubre de 1977, que establecía la amnistía a todos los presos políticos que hubieran cometido delitos antes del 15 de diciembre de 1976. Pero esta misma ley que fue esperada y exigida por toda la oposición antifranquista amnistiaba también a los criminales durante la Guerra Civil y del régimen durante la Dictadura. Lo que si existe en nuestro país en función del artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica es el reconocimiento del derecho a la reparación moral y al reconocimiento personal a quienes sufrieron la represión por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra y la dictadura. Algo que no fue suficiente ni convenció tanto a los grupos políticos que impulsaron la ley como a las asociaciones de Memoria Histórica. En el 2007 diversas asociaciones de derechos humanos presentaron denuncias en la Audiencia Nacional para la investigación de los crímenes del franquismo que fueron desestimadas. Un año después el juez Baltasar Garzón impulsó de nuevo estas denuncias sin llegar a ninguna parte. Tiempo después fue inhabilitado.
Por lo que respecta a las fosas comunes en España se pueden hacer algunas consideraciones. Poner nombre, lugar, fecha de la muerte, y circunstancias de la muerte, es una forma de dar una respuesta y una reparación a los descendientes de los fallecidos. Es una forma de hacer justicia. Como también lo es una explicación veraz y completa de la Guerra Civil y la Dictadura en las escuelas, institutos y universidades por parte de los historiadores. Esto se puede también aplicar a los medios de comunicación donde los periodistas para entender el presente debemos conocer el pasarlo y darlo a conocer por nuestro compromiso con la sociedad en la que vivimos. Es lo que se ha hecho en todas partes y España no debería ser una excepción. El pasado se ha de conocer para no repetirlo. El problema aparece cuando se hace política queriendo ocultar ese pasado, o por el contrario, hacer esa misma política en función del pasado, transfigurándolo o no, en lugar de hacerla sobre el tiempo presente. En cuanto al asunto de que hacer con las fosas comunes relativas a estos dos periodos históricos (porque antes hubo otros) ya dependerá de la voluntad política, los recursos económicos disponibles, la viabilidad de la identificación de los restos, y la disposición o no de los descendientes (muchos de ellos no dispuestos a dar este paso por múltiples razones y eso se ha de respetar).
Este artículo ha estado motivado por una jornada organizada por el Institut Català d'Antropologia (ICA) y el ERAPI-Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia en l'Insitut d'Estudis Catalans, en el que moderados por Verena Stolcke, participaron Francisco Etxeberria, Francisco Ferrándiz y Queralt Solé.
Para más información pueden consultarse la página web del gobierno sobre Memoria Histórica, y el web de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Francesc Sánchez – Marlowe. Barcelona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 28 Enero 2015.
Las fosas comunes en España - por Francesc Sánchez
Durante la Guerra Civil los bandos enfrentados en el campo de batalla y las matanzas de civiles en las retaguardias generaron decenas de miles de muertos (de 100.000 a 130.000 en la retaguardia franquista y 55.000 en la retaguardia republicana) que en muchos casos el bando amontonó en fosas comunes por desidia, razones de salud pública, o por hacer desaparecer las pruebas del crimen. Muchos cadáveres que produjeron los rojos fueron rescatados de estas fosas durante la Dictadura franquista para darles una cristiana sepultura pero no sucedió lo mismo con los restos de los perdedores. Durante la posguerra el régimen franquista trajo la paz de los cementerios matando nuevamente (entre 45.000 y 50.000 muertes). A la muerte del dictador con el inicio de la Transición se empezó a abrir algunas fosas comunes pero, sin que se conozca realmente las razones, esta dinámica quedó paralizada después del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, para iniciarse nuevamente exhumaciones con la entrada del nuevo siglo.
La Ley de Memoria Histórica creada en el primer gobierno del socialista Zapatero entró en vigor el 27 de diciembre de 2007 con la intención de reconocer y ampliar derechos en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Para llevar a cabo esto el Congreso de los Diputados instaba al gobierno en el 2004 a realizar un estudio sobre los daños y perjuicios ocasionados a las victimas durante los períodos arriba señalados para otorgarles una indemnización y facilitarles el acceso a los archivos donde se encuentran los documentos relativos a estas mismas víctimas. Por lo que respecta a las fosas comunes la Ley de Memoria Histórica incluye medidas para la identificación y localización de los restos mortales de las victimas. Se creó un Protocolo de actuación científica para las exhumaciones (en el que se delega las actuaciones a las Comunidades Autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias, y a las Asociaciones de Memoria Histórica, que son las que realmente las han llevado a cabo), y se elaboró un mapa donde se podían localizar las fosas comunes (se llegaron a contabilizar más de 2.000 que pueden contener decenas de miles de cadáveres) clasificadas en exhumadas, no intervenidas, desaparecidas y fosas trasladadas al Valle de los Caídos, pero esta herramienta en la página web oficial del Ministerio de Justicia ha dejado de funcionar, quedando en su lugar algunos mapas con información limitada facilitados por los diferentes gobiernos autonómicos.
En España a diferencia de otros países donde se ha destruido un régimen totalitario después de una guerra (por ejemplo Alemania, Italia o el Japón durante la Segunda Guerra Mundial), o después de un proceso de ruptura con una dictadura (es el caso de las dictaduras latinoamericanas), no existe ninguna responsabilidad legal que pueda llevar a los criminales de la Guerra Civil y la Dictadura ante un tribunal de justicia. Durante el período de la Transición (1975-1982), que puso de acuerdo la mayoría de los franquistas y casi la totalidad de la oposición democrática en lo que se conoció como el consenso (que fue una forma de pasar página y mirar hacia delante pero también de cierta amnesia con el pasado más reciente), se crearon sucesivas leyes de amnistía, siendo la más importante la del 15 de octubre de 1977, que establecía la amnistía a todos los presos políticos que hubieran cometido delitos antes del 15 de diciembre de 1976. Pero esta misma ley que fue esperada y exigida por toda la oposición antifranquista amnistiaba también a los criminales durante la Guerra Civil y del régimen durante la Dictadura. Lo que si existe en nuestro país en función del artículo 4 de la Ley de Memoria Histórica es el reconocimiento del derecho a la reparación moral y al reconocimiento personal a quienes sufrieron la represión por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra y la dictadura. Algo que no fue suficiente ni convenció tanto a los grupos políticos que impulsaron la ley como a las asociaciones de Memoria Histórica. En el 2007 diversas asociaciones de derechos humanos presentaron denuncias en la Audiencia Nacional para la investigación de los crímenes del franquismo que fueron desestimadas. Un año después el juez Baltasar Garzón impulsó de nuevo estas denuncias sin llegar a ninguna parte. Tiempo después fue inhabilitado.
Por lo que respecta a las fosas comunes en España se pueden hacer algunas consideraciones. Poner nombre, lugar, fecha de la muerte, y circunstancias de la muerte, es una forma de dar una respuesta y una reparación a los descendientes de los fallecidos. Es una forma de hacer justicia. Como también lo es una explicación veraz y completa de la Guerra Civil y la Dictadura en las escuelas, institutos y universidades por parte de los historiadores. Esto se puede también aplicar a los medios de comunicación donde los periodistas para entender el presente debemos conocer el pasarlo y darlo a conocer por nuestro compromiso con la sociedad en la que vivimos. Es lo que se ha hecho en todas partes y España no debería ser una excepción. El pasado se ha de conocer para no repetirlo. El problema aparece cuando se hace política queriendo ocultar ese pasado, o por el contrario, hacer esa misma política en función del pasado, transfigurándolo o no, en lugar de hacerla sobre el tiempo presente. En cuanto al asunto de que hacer con las fosas comunes relativas a estos dos periodos históricos (porque antes hubo otros) ya dependerá de la voluntad política, los recursos económicos disponibles, la viabilidad de la identificación de los restos, y la disposición o no de los descendientes (muchos de ellos no dispuestos a dar este paso por múltiples razones y eso se ha de respetar).
Este artículo ha estado motivado por una jornada organizada por el Institut Català d'Antropologia (ICA) y el ERAPI-Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia en l'Insitut d'Estudis Catalans, en el que moderados por Verena Stolcke, participaron Francisco Etxeberria, Francisco Ferrándiz y Queralt Solé.
Para más información pueden consultarse la página web del gobierno sobre Memoria Histórica, y el web de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Francesc Sánchez – Marlowe. Barcelona.
Redactor, El Inconformista Digital.
Incorporación – Redacción. Barcelona, 28 Enero 2015.